Al parecer, cada vez son menos los espacios de libertad de expresión y más los de represión política en Venezuela. Así lo expresa la ONG Espacio Público en comunicado, luego que el pasado 2 de abril, la Asamblea Nacional chavista aprobara en primera discusión el proyecto de ley contra el fascismo, neofascismo y expresiones similares.
De acuerdo a Espacio Público esta iniciativa se suma a una serie de normativas arbitrarias que buscan cerrar el espacio cívico, silenciar a sectores críticos y legitimar prácticas persecutorias por parte del Estado venezolano.
Según Espacio Público, el nuevo instrumento legal promovido por el chavismo tiene similitudes con la Ley contra el odio, por la convivencia pacífica y la tolerancia.
La ONG denunció que el proyecto de ley incumplió con los requisitos mínimos del Reglamento Interior y Debates de la AN, debido a que su aprobación en primera discusión se produjo sin debate alguno , con opacidad, ausencia de debate y participación diversa de los diferentes sectores de la sociedad civil.
“La redacción es amplia y genérica, lo que conduce a interpretaciones arbitrarias al plantear definiciones ambiguas; esto a su vez facilita una amplia discrecionalidad y con ello un abuso del poder por parte de las autoridades estatales en una eventual aplicación”, reza el comunicado.
De acuerdo a Espacio Público, el Estado venezolano justifica la ley como una respuesta a expresiones violentas y para controlar las redes sociales.
“La ley contra el fascismo restringe el ejercicio de la libertad de expresión, al imponer obligaciones a los prestadores de servicios de radio, televisión, medios electrónicos y medios impresos, públicos, privados y comunitarios”.
La ley contempla sanciones de hasta 12 años de prisión para quienes promuevan acciones violentas o hagan apología del fascismo.
“Faculta a los Tribunales Civiles y al Consejo Nacional Electoral a disolver organizaciones que califiquen como fascistas o promuevan el fascismo. Utiliza el derecho penal con el fin de imponer sanciones de hasta 10 años de prisión para quienes intenten constituir o promover dichas organizaciones”.
De acuerdo a EP, el proyecto de ley sanciona con multas desproporcionadas a personas naturales o jurídicas que financien organizaciones políticas o privadas que incurran en acciones contrarias a la normativa.
“El proyecto de ley antifascista se presenta como una continuación de la ley contra el odio. Ambas normativas emplean conceptos vagos y definiciones imprecisas que permiten sanciones administrativas y penales desproporcionadas, dejando amplio margen a la discrecionalidad estatal”.
EP también hizo énfasis en un uso excesivo del derecho penal al sancionar con privativa de libertad, revocatoria de licencias, censura de medios de comunicación y redes sociales, disolución y prohibición de constituir organizaciones civiles y políticas, a quiene se asocien con el fin de “promover el fascismo”.
“Ambas leyes profundizan la narrativa del enemigo interno, lo que aumenta las amenazas a grupos vulnerables y disidentes”.
Con información de Espacio Público
