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Otro 1 de mayo sin aumento del salario mínimo

«La esperanza está en la calle», se leía en una de las imágenes del set desde donde el gobernante Nicolás Maduro anunciaba la tarde del 1 de mayo, Día del Trabajador, que ajustaría el ingreso mínimo integral como lo hizo en enero de 2024. Así, la expectativa por un aumento del salario mínimo -que permanece en Bs. 130 desde febrero de 2022- también quedó en la calle.

 

Hoy he decidido subir el ingreso mínimo integral de los trabajadores y trabajadoras a 130 dólares el mínimo, que impacte positivamente en la capacidad de los trabajadores, indexado, quiere decir que este año, de enero a mayo, hemos impactado 86 % el ingreso mínimo integral de los trabajadores”, anunció Maduro.

El concepto de «salario mínimo integral» fue ideado por la administración madurista e incluye el bono de guerra económica y el bono de alimentación o cesta ticket. El último ajuste se había producido en enero de 2024. 

Aunque Maduro no precisó en su alocución de cuánto sería el aumento en cada una de estas bonificaciones, horas después Francisco Torrealba, diputado a la AN oficialista, aclaraba que el anuncio de aumento solo aplica para el Bono de Guerra Económica de los trabajadores, que pasará $60 a $90 mensuales.  El monto del cestaticket permanecerá en $40, según reveló el dirigente del PSUV en la red social X.

Por lo pronto, no está claro si el aumento del bono de guerra económica también será para jubilados y pensionados, y de ser así, de cuánto será el incremento. 

Este es el tercer 1 de mayo consecutivo que pasa por debajo de la mesa en cuanto a aumento del salario mínimo se refiere. Una demanda que decenas de trabajadores protestaron en distintos lugares del país, ya que es el salario mínimo el que tiene incidencia en vacaciones, jubilaciones, liquidación y prestaciones. 

Después de definir en el foro de diálogo social y con la asistencia de la Organización Internacional de Trabajadores (OIT) una metodología para definir el salario mínimo, los gremios aspiraban a que se llevara el salario mínimo a $200, pero esto no sucedió y el salario mínimo se mantuvo en Bs.130.  

Fondo privado para financiar pensiones

Maduro también anunció que la vicepresidenta de su gobierno, Delcy Rodríguez, introducirá un proyecto para que los empresarios “hagan un aporte único especial y mensual de acuerdo a sus ingresos netos» para mejorar las pensiones e ingresos de jubilados y pensionados. 

El gobierno asegura que esta propuesta ha sido conversada con los empresarios y que hay «absoluta apertura».

«Esperamos que ese aporte social sea la expresión de toda la riqueza que se ha generado en este crecimiento económico que, progresivamente, el pueblo venezolano ha venido recuperando (…) distribuir entre todos y todas la riqueza», declaró Delcy Rodríguez. 

Por otra parte, Maduro adelantó el lanzamiento de una misión para las «abuelas y abuelos«, y dijo que se enfocará en la protección integral de los adultos mayores.

Motorizados oficialistas agredieron a trabajadores que protestaban en Plaza Venezuela

En distintos puntos de Caracas y de otras ciudades del país trabajadores manifestaron en su día y exigieron en un clamor conjunto el aumento del salario mínimo, cuya cifra permanece invariable desde hace más de dos años en Bs. 130 (un poco más de tres dólares a la tasa oficial), mientras la canasta alimentaria excede los $500. 

En Caracas, lamanifestación fue amedrentada en Plaza Venezuela por motorizados oficialistas que confrontaron a los trabajadores.

 

Pasado el mediodía del 1 de mayo, la situación estuvo bastante tensa.  Provea denunció que grupos motorizados pro-oficialistas agredieron a los trabajadores, así como también que los agentes de seguridad que impedían el paso de la marcha autónoma hacia el centro de Caracas «no actuaron para impedir la agresión contra los manifestantes pacíficos». 

Mauro Zambrano, coordinador general de Monitor Salud y de la Red Sindical de Venezuela, denunció que «bandas armadas» golpearon a los trabajadores.

«Responsabilizamos a Nicolás Maduro de lo que pase acá, porque hay trabajadores golpeados (…) Debemos recordar estos momentos para que cuando llegue el 28 de julio votemos unidos», expresó. 

Román Camacho, reportero presente en el lugar, denunció en sus redes que los motorizados oficialistas que actuaron de forma violenta se dirigían a la concentración convocada por el gobierno. En Plaza Venezuela, «golpearon a un grupo de personas y a la fotoperiodista Gaby Oráa la golpearon y le robaron la cámara».

En las redes sociales se difundieron videos de los hechos y de manifestantes que resultaron heridos,

No se vive con Bs. 130

En las protestas del 1 de mayo sobraron los testimonios de trabajadores activos, pensionados y jubilados que aspiran a que mejoren las condiciones económicas en el país para vivir dignamente. 

«Ayer vi a tres adultos mayores en el Metro desmayarse del hambre, pidiendo, lo que da es pena y lástima ajena. Uno está capacitado para seguir trabajando pero el gobierno quiere tenerlo a uno a punta de bonos», declaró un pensionado que protestaba en Chacaíto, Caracas. 

Una trabajadora de la salud, por su parte, destacó que los hospitales siguen en decadencia y que quienes siguen activos lo hacen por amor a la institución.

«Exigimos salario digno e insumos para las instituciones. Yo por ejemplo vivo vendiendo chucherías, caramelos y galletas, porque con 130 bolívares, ¿quién vive?», expresó, al referirse al monto del salario mínimo.

Protesta en otras ciudades

En distintas entidades del país hubo manifestaciones por el Día del Trabajador. Los trabajadores de Sidor protestaron en el estado Bolívar con un llamado a participar en las presidenciales del 28 de julio.

 

Libertad a los presos políticos

Integrantes del Colegio Nacional de Periodistas también se sumaron a la manifestación por el Día del Trabajador. A las demandas por mejora salarial se sumó la petición por la libertad del periodista Carlos Julio Rojas. 

El Mañanero del 1 de mayo: Edmundo González ya no es una hipótesis y otras noticias sobre Venezuela

En El Mañanero del 01 de mayo de Runrun.es resumimos los titulares más destacados del día sobre Venezuela: Luego de la euforia y las celebraciones, la candidatura de Edmundo González Urrutia se prepara para tomar forma y asumir el sujeto. También, después de 15 días de vencido el plazo para inscribirse o actualizar datos en el Consejo Nacional Electoral (CNE), muchos de los que corrieron la suerte de poder inscribirse o actualizar sus datos aún no pueden ver en la web del CNE su nombre con el sitio donde les corresponde votar. Por otra parte, el gobernante Nicolás Maduro afirmó que Tareck El Aissami, exministro de Petróleo ahora preso por el caso de corrupción Pdvsa-Cripto, supuestamente conspiraba en su contra desde el año 2018.

Edmundo González ya no es una hipótesis

¿Estarán todos los que son en el Registro Electoral?

Según Maduro mientras El Aissami más conspiraba, más poder acumulaba

Alertan que detenciones arbitrarias atentan contra proceso electoral del 28 de julio

CLAVES | Wilson Center denuncia que usaron el Petro para blanquear el petróleo venezolano

En 85% aumentaron ataques contra defensores de DDHH en primer trimestre de 2024

Grupo de trabajo de la ONU reporta aumento alarmante de desapariciones forzadas en Venezuela

Aspiran a que este #1May levanten la inhabilitación al aumento del salario

«No creo en el capital político de Nicolás Maduro, hay que ir a la calle y darse cuenta que el pueblo tiene la convicción de cambiar (…) Ni siquiera el chavismo quiere una continuidad del presidente Maduro, hoy candidato a su reelección», Enrique Márquez, candidato presidencial por el partido Centrados #30Abr

CLAVES | Wilson Center denuncia que usaron el Petro para blanquear el petróleo venezolano

Este lunes, 29 de abril, el Wilson Center publicó el estudio Cripto en Venezuela: dos caras de una moneda, un análisis sobre la criptominería, el colapso del Petro y el cierre de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip) por el escandalo de corrupción que involucró a la estatal Petróleos de Venezuela y que derivó en un experimento para blanquear el recurso natural más preciado: el petróleo.

Las criptomonedas son utilizadas en países desarrollados para invertir, realizar transacciones financieras y mantener los activos de una persona. En países de América Latina, el uso de estas monedas digitales brindan mayores beneficios, como autonomía financiera completa, una mayor privacidad y la capacidad de administrar los propios recursos financieros sin la interferencia de terceros. 

Sin embargo, el informe señala que el uso que se le ha dado a las criptomonedas específicamente en Venezuela ha sido tergiversado «por gobernantes que ocupan altos cargos dentro de la administración de Nicolás Maduro».

A continuación las XX denuncias del Wilson Center sobre el Petro: 

Entre 2018 y 2023, Venezuela introdujo el Petro, una moneda digital respaldada por el gobierno, con la «misión» de aprovechar el interés mundial en las criptomonedas y para crear una moneda nacional adecuada para el comercio internacional moderno. 

Durante ese lustro, el gobierno presionó para que se adoptaran tokens y plataformas que se utilizarían para adaptar a la población a utilizar la moneda digital. En contraste, una economía en ruinas creó una demanda popular de una alternativa estable al sistema financiero tradicional. 

Sumida en una de sus peores crisis económicas, en Venezuela, el uso de las criptomonedas se convirtieron en una forma de evadir controles y restricciones gubernamentales.

Desde el principio, la cadena de bloques encontró dificultades operativas y a pesar de ser etiquetado como criptomoneda, carecía de atributos fundamentales como la descentralización y la transparencia.

En una medida para integrar aún más el Petro en la economía venezolana, el salario mínimo se vinculó al precio de la moneda digital; sin embargo, la introducción del Petro fue un «caos» para el gobierno, y no generó más que confusión y promesas incumplidas para los ciudadanos venezolanos.

La creación de billeteras digitales como PetroApp, que ofrecía la posibilidad de convertir petros en bolívares locales y dólares estadounidenses y también la Plataforma Patria, fueron diseñadas estratégicamente «para presionar a la población a adoptar el Petro», asegura el informe. 

En el 2019, el gobierno introdujo la función de remesas para permitir a la diáspora venezolana enviar pagos con criptomonedas a su país de origen. «El sistema, sancionado por los Estados Unidos, al mismo tiempo le permitió al gobierno de Maduro capturar un porcentaje de cada transacción de entre 2 y 15%», estiman. 

Según reseña el informe del Wilson Center, en noviembre de 2020, el Ejército venezolano inauguró un centro de minería de criptomonedas en el sur de Caracas. En el texto se lee que militares «tenían numerosas granjas mineras secretas administradas por el gobierno en todo el país que utilizaban Internet y electricidad, lo cual era en parte la causa de los cortes diarios de electricidad
en todo el país que afectaban a millones». 

Una acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos de octubre de 2022 expuso «uno de los muchos esquemas utilizados por PDVSA para mantener sus exportaciones de petróleo».

El uso de monedas estables, o criptomonedas minimizaban la volatilidad de los precios mediante un proceso algorítmico diseñado para aumentar y disminuir el suministro de tokens para estabilizar el precio: «Los involucrados en el plan no sólo estaban moviendo petróleo para Pdvsa; también intentaban obtener tecnología militar estadounidense avanzada para la industria de defensa rusa», se lee en el informe.

Además de las criptomonedas, el informe asegura que utilizaron un complejo sistema de «empresas falsas», grandes depósitos en efectivo y transferencias bancarias internacionales para limpiar el dinero que ganaban. El texto explica que la Sunacrip estaba transfiriendo constantemente cantidades importantes de monedas estables a través de una multitud de cuentas dentro de varios servicios de criptomonedas y que  se utilizaron más de 100 empresas fantasmas en todo el mundo para ayudar a lavar los fondos, incluidos Estados Unidos, Panamá, Colombia, Emiratos Árabes Unidos y Hong Kong.

¿Estarán todos los que son en el Registro Electoral?

Ya han pasado casi 15 días desde que se venció el plazo el pasado 16 abril para inscribirse o actualizar datos en el Consejo Nacional Electoral (CNE) de cara a los comicios presidenciales del venidero 28 de julio.

Sin embargo, muchos de los que corrieron la suerte de poder inscribirse o actualizar sus datos aún no pueden ver en la web del CNE su nombre con el sitio donde les corresponde votar.

Y es que el proceso previo a las elecciones del 28J ha estado lleno de baches, empezando por las irregularidades presentadas en el exterior del país hasta la imposibilidad de que algunos candidatos se inscribieran. 

Según lo informado por Elvis Amoroso, presidente del CNE, desde este 29 de abril los usuarios iban a poder visualizar su estatus, sin embargo, eso no ha ocurrido. Usuarios reportaron que no han conseguido su nombre en la base de datos del CNE.

El periodista especializado en procesos electorales, Eugenio Martinez, publicó en sus redes sociales que hasta las 10 de la mañana de este martes 30 de abril, el CNE no había publicado el RE preliminar. 

“Mientras el CNE no publique el RE Preliminar no será posible verificar si fueron procesadas las inscripciones de nuevos votantes, y cambios de centros de votación que se tramitaron durante el operativo especial de actualización del padrón de votantes”, escribió Martínez en su cuenta de X.

Posteriormente dijo que el RE había sido aprobado, pero que aún no había sido publicado.  

“Aunque la aprobación y publicación del RE Preliminar estaba prevista para el 29 de abril, recién se acaba de aprobar  el acta de aprobación del padrón de votantes preliminar. La publicación en la web del CNE puede tardar hasta 48 horas a partir de este momento”, precisó. 

Retrasos por doquier

Griselda Colina, exrectora del CNE, dijo que si bien la publicación del Registro preliminar estaba prevista para el 29 de abril, las fechas del cronograma electoral han sufrido una serie de retrasos sin que el CNE haya dado ninguna explicación ni ajuste.

“Esto también sucedió con la inscripción y actualización en el exterior, que en algunos países no abrió en forma oportuna y que se solicitaron documentos de manera arbitraria en cada consulado o misión diplomática en el exterior”, comentó la experta en termas electorales. 

Colina sentenció que es necesario que el CNE asuma una política de transparencia y comunique de forma oportuna la ejecución de las actividades. 

“También es necesario que todos hagamos un esfuerzo para que en este tiempo que corre los ciudadanos y ciudadanas podamos revisar ese registro electoral y constatar si las personas que se inscribieron están debidamente registradas, si no hubo migraciones arbitrarias y si los datos de las personas que actualizaron lugar de residencia o cambio de nombre están bien”, precisó.

Colina indicó que hay que constatar si efectivamente algunas personas fueron seleccionadas para el Servicio Electoral Obligatorio.

“Todos estos son puntos que debemos alertar a la ciudadanía y que, en ocasión de la opacidad del CNE y de la falta de explicaciones ante los retrasos deben servir como alertas e impulsos ciudadanos”, insistió. 

Colina expresó que es oportuno reiterar que entre el 30 de abril y el 14 de mayo la ciudadanía tiene la oportunidad de revisar sus datos en el Registro Electoral del CNE y confirmar dónde va a poder ejercer su derecho al voto en las #Presidenciales2024. 

“Cada persona debe consultar su estatus en el RE enviando mensaje de texto al teléfono 2637, colocando el número de la cédula. Si alguna persona no sido incorporado al RE o sus datos son inconsistentes pueden hacer el reclamo escribiendo al correo: registro.electoral@cne.gob.ve con los debidos soportes con una planilla descargada desde la página  https://www.cne.gob.ve/web/documentos/pdf/re/instructivo_planilla_reclamo_RE_2012.pdf”.

 

 

Según Maduro mientras El Aissami más conspiraba, más poder acumulaba

El gobernante Nicolás Maduro afirmó que Tareck El Aissami, exministro de Petróleo ahora preso por el caso de corrupción Pdvsa-Cripto, supuestamente conspiraba en su contra desde el año 2018.

Durante su programa Con Maduro+, el oficialista dijo: «Se configuró una mafia muy corrupta que aprovechó la confianza y el poder que se les dio, no solo para desfalcar el país, no solo para robar, sino que se articuló en un plan con la derecha extremista y con el gobierno de los Estados Unidos».

«Lo que podía ser una presunción hoy está confirmado con prueba en mano, con declaraciones, porque una cosa es lo que sacó en el breve tiempo que declaró el fiscal general de la nación, y otra las pruebas que se tiene de conversaciones, videoconferencias por Zoom y las declaraciones de los involucrados que echan el cuento de todo», agregó Maduro.

Según lo dicho por Maduro, las conversaciones que mostró Tarek William Saab, que involucran a los opositores Leopoldo López, Carlos Vecchio, Carlos Ocariz y Julio Borges con Samark López, presunto testaferro de Tareck El Aissami, son de abril y mayo del año 2020 y en las mismas, según sostuvo el mandatario, habrían revelado que tendrían dos años trabajando juntos. 

«Desde enero del 2018 estaban en coordinación con la conspiración. ¿Qué pasó en 2018? El atentado contra mí. Estuvieron en conocimiento del atentado contra mí. ¿Qué pasó en 2019? Cinco años del golpe de los plátanos verdes. Estaban en conocimiento y estaban coordinado con Leopoldo López y con la Casa Blanca con John Bolton y James Story», dijo Maduro.

Asimismo, agregó: «¿Qué pasó en el 2020? La Operación Gedeón. Pretendieron invadir Venezuela. Parte de los oficiales que estuvieron en el golpe de los plátanos verdes».

¿Maduro dice toda la verdad sobre El Aissami?

El consultor político Gustavo Azócar destacó varios puntos sobre las palabras de Maduro sobre El Aissami, resaltando que hubo cosas que el jefe del oficialismo no dijo.

«Lo que Maduro no dice es que Tareck El Aissami ascendió como un jeta propulsión en los más altos cargos del Gobierno precisamente porque Maduro lo apoyó y lo promovió entre 2018 y 2023″, señaló Azócar.

Justamente, en esos años El Aissami estuvo al frente del Ministerio de Industrias y en la vicepresidencia Sectorial de Economía. Después de 2020 asumió la presidencia de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y el Ministerio del Petróleo.

«En 2020 (el año en que se grabaron las conversaciones entre Samark López Bello), Tareck El Aissami fue nombrado Ministro del Petróleo (le dieron más poder) ¿Quién lo nombró? Maduro», señaló Azócar.

También, en el año 2021, cuando esta supuesta conspiración iba en aumento, fue nombrado vicepresidente Sectorial de Economía. «¿Quién lo nombró? Maduro», recordó Gustavo Azócar.

«Llama la atención que a partir de 2018, cuando según Maduro, Tareck El Aissami empezó a conspirar, fue cuando más poder le dieron hasta convertirlo en el Zar del petróleo y en el hombre clave para manejar las relaciones con Irán», agregó el consultor político.

En 85 % aumentaron ataques contra defensores de DD. HH. en primer trimestre de 2024

El Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) documentó 418 ataques e incidentes de seguridad durante el primer trimestre de 2024 en Venezuela, lo que representa un incremento de 85% en comparación con el mismo periodo del año 2023, cuando se registraron 226 eventos de este tipo. 

A juicio del CDJ, estas acciones evidencian que en Venezuela es sistemática la «política de criminalización dirigida a quienes promueven, defienden y exigen derechos humanos en el país». 

El reciente balance de la organización destacó que en estos primeros tres meses de 2024  se generaron avances normativos que restringen las libertades cívicas en el país.

«Los proyectos de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines, así como la Ley contra el fascismo, neofascismo y expresiones similares, representan nuevas amenazas al trabajo de la sociedad civil y aumentan el riesgo para las organizaciones y personas defensoras de derechos humanos», denunciaron. 

 

El mes con más ataques de 2024 fue febrero, con 230. Y los ataques documentados incluyen  estigmatización, intimidación, amenazas, ataques digitales, allanamientos, judicialización y detención arbitraria.

Según el informe del CDJ, el principal patrón de ataque durante este período fue la estigmatización de organizaciones no gubernamentales, señalándolas como terroristas y agentes desestabilizadores.

Las ONG también figuran como las principales víctimas de los ataques en el primer trimestre de 2024 en 62% de los casos. El 38% de los restantes ataques se enfocaron en personas defensoras de derechos humanos. 

Responsables de los ataques

De acuerdo con este reporte al menos 155 (37%) de los ataques se materializaron a través de medios de comunicación del Estado.  Por su parte, 136 (32%) fueron efectuados por funcionarios públicos, quienes «hicieron uso de sus perfiles en redes sociales y espacios institucionales para estigmatizar, amenazar e intimidar».

Otros 104 ataques (25%) fueron cometidos por personas o agrupaciones afectas a los intereses del gobierno y en 15 casos (4%) la responsabilidad fue de organismos de seguridad del Estado. Las instituciones públicas o entes gubernamentales fueron responsables de 8 (2%) de los hechos documentados. 

Grupo de trabajo de la ONU reporta aumento alarmante de desapariciones forzadas en Venezuela

El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU reportó este martes, 30 de abril, un aumento alarmante de estos casos en Venezuela.

Desde diciembre de 2023, denunció el Grupo de Trabajo de la ONU desde Ginebra, en Venezuela se observa un «aumento alarmante de desapariciones forzadas de ciudadanos que ejercen sus derechos a la libertad de expresión, asociación y participación en asuntos de interés público».

Según el organismo, en su mayoría, las personas desaparecidas forzadamente son miembros del principal partido político de oposición, así como miembros del Ejército.

“Mientras el país se prepara para las elecciones presidenciales de julio de 2024, las desapariciones forzadas podrían tener un efecto paralizador y obstaculizar el derecho del pueblo a votar libremente”, afirmó el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias.

“Estas detenciones prolongadas en régimen de incomunicación equivalen a desapariciones forzadas. Parecen seguir un patrón según el cual las autoridades estatales privan a las personas de su libertad, las llevan a centros de detención reconocidos y les niegan derechos y protecciones fundamentales, como el contacto con el mundo exterior y el acceso a asistencia jurídica”, dijeron los expertos.

Consideraron también que una persona privada de su libertad a la que no se le reconozca su detención, o si se oculta su suerte o paradero,  queda fuera de la protección de la ley, lo que constituye una desaparición forzada, independientemente de la duración de dicha privación de libertad u ocultamiento, afirmó el Grupo de Trabajo de la ONU.

«Es crucial que se garantice sin demora información precisa sobre las personas privadas de libertad a quienes tienen un interés legítimo, como sus familiares y representantes legales de su elección», dijeron los expertos.

Los  expertos explicaron que el delito de desaparición forzada conlleva la violación de múltiples derechos humanos. Estos incluyen el derecho al reconocimiento como persona ante la ley, el derecho a la libertad y la seguridad, y el derecho a no ser sometido a tortura.

«También se están violando los derechos fundamentales de los familiares de la persona desaparecida», señalaron.

«En estas situaciones, los familiares de las personas desaparecidas por la fuerza a menudo se ven obligados a buscar a sus seres queridos en centros de detención donde se les niega sistemáticamente información sobre su suerte o su paradero y pueden estar expuestos a represalias», afirmaron los expertos.

Por otra parte, recordaron que el Estado tiene la obligación de buscar y revelar la verdad sobre los desaparecidos. La impunidad por estos crímenes socava la confianza en el Estado de derecho y las instituciones y perpetúa un clima de miedo e inseguridad en la sociedad.

«Exhortamos al gobierno de Venezuela a prevenir, erradicar y sancionar todos los actos de desapariciones forzadas, a proporcionar información sobre la suerte y el paradero de las personas actualmente detenidas en régimen de incomunicación por el Estado, y a brindarles todas las garantías jurídicas, incluido el derecho a comunicarse con sus familiares y ser visitados por ellos, acceso a asistencia letrada y derecho a ser presentados ante un tribunal competente para determinar la legalidad de su detención», concluyeron.

*Con información de Oacnudh